CON ESTÉTICA INFORMATIVA
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-Comunicado Oficial Comitato di Presidenza CGIE-
Decreto de ciudadanía, CGIE:
estamos preparados para desempeñar nuestro papel
El Consejo General de los Italianos en el Extranjero es la única institución italiana que representa no sólo a los italianos, sino también a los ítalo-descendientes. En todo el mundo, nuestros Consejeros, así como los de los Comités de Italianos en el Extranjero (COM.It.Es.), han estado comprometidos desde el viernes 28 de marzo en debates con nuestras comunidades en todo el mundo, que se han visto muy afectadas por la aplicación del Decreto-Ley nº 36 "Disposiciones urgentes sobre la ciudadanía", que ha llevado a la suspensión de la transcripción de los certificados de nacimiento por parte de las oficinas de registro de los consulados. La necesidad de una reforma era evidente para el CGIE, tanto que fue identificada como una prioridad para la agenda del primer semestre de 2025 porque creemos en el fortalecimiento de una ciudadanía consciente; la actualidad ha obligado a acelerar el proceso, en el que participaremos para proporcionar los dictámenes obligatorios previstos por la ley. Ya desde el lunes 31 de marzo, el Comité de Presidencia, reunido en Roma, ha iniciado conversaciones sobre el tema con el subsecretario de Estado de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Giorgio Silli; el Director General para los Italianos en el Extranjero del MAECI, Luigi Maria Vignali, con las Comisiones de Asuntos Exteriores de las dos ramas del Parlamento y con los grupos parlamentarios para obtener aclaraciones al respecto y compartir las preocupaciones expresadas por sus representantes, también en virtud del instrumento legislativo elegido.
Esperamos que en el trámite parlamentario de conversión en ley se introduzcan correcciones al proyecto; en particular, debe resolverse el problema relativo al requisito de que el ascendiente ciudadano italiano haya nacido en Italia o haya residido allí de manera continua durante al menos dos años antes del nacimiento del solicitante. Esta medida, sumada a la limitación de dos generaciones —diametralmente opuesta a la normativa vigente hasta 24 horas antes—, representa un cambio que no sólo desorienta a nuestros connacionales en el mundo por la incertidumbre sobre el destino de los ya nacidos, sino que también pone en riesgo el futuro vínculo del país con sus comunidades en el exterior.
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